RINDE CUENTAS; TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

A solo unos 6 meses de funciones, el TAFP entra en la estadística de Instituciones que apunta al 100% de transparencia pública ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, entregando puntualmente toda la información que la ley obliga ante esta entidad.

Según la Magistrada González, el TAFP activó sus operaciones con una serie de reuniones, capacitaciones y difusión de sus funciones enfocadas en diferentes organizaciones e instituciones públicas para luego, en agosto, abrir formalmente su atención a los funcionarios públicos permanentes de diferentes entidades gubernamentales que presentaran alguna inconformidad por acciones de recursos humanos en su contra.

En cuanto a su gestión jurisdiccional se ha logrado un 100% de atención, que van desde consultas legales hasta casos de recursos humanos relacionados con pagos de prestaciones laborales y otras apelaciones presentadas por los funcionarios que se sintiesen afectados y recurrieron al Tribunal, de la misma manera que se han tramitado las solicitudes institucionales que son competencia del TAFP, conforme a las leyes.

Además, en tema de capacitación y divulgación de sus funciones y alcances, el TAFP superó el 100% de sus actividades planificadas, asegurando reconocimiento en las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos, con una asistencia de más de 600 funcionarios de diferentes instituciones que asistieron a sus capacitaciones.

El TAFP culmina su primera etapa de organización y ejecución de sus funciones con un Plan de Acción para 2025 en el que se incluye reforzar sus márgenes de reconocimiento a nivel nacional y extender su atención a todo el país, con la apertura de dos oficinas regionales para una mayor atención a los funcionarios públicos, tanto de manera digital como presencial, ya que se espera contar con una sede central y dos oficinas regionales.

Con apenas medio año de funcionamiento, el TAFP capta el reconocimiento de sus usuarios, entendiendo como tales, servidores públicos permanentes e instituciones, ha logrado la firma de diferentes acuerdos, tanto nacionales como internacionales, lo que le permite continuar su labor y reforzar su funcionamiento en el ámbito de una justicia laboral en el sector público del país.

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