El Presidente de la República ha presentado ante la ciudadanía los nombres de los aspirantes a ocupar los cargos de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Con este paso inicia un proceso que debe ser asumido con la seriedad que demanda el futuro de nuestra nación, lejos de todo espectáculo o interés particular.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reitera que esta discusión no debe centrarse en personas, sino en principios. Los avances alcanzados en la Corte Suprema han sido posibles gracias al desempeño de Magistrados que han ejercido sus funciones con probidad, independencia y compromiso con el país. Ese es el camino que Panamá debe continuar: garantizar un sistema de justicia confiable, ético y libre de presiones externas.
El perfil que exige el país en sus más altos jueces es incuestionable. Se requiere valentía para atender casos de alto impacto sin favoritismos; integridad para resistir presiones políticas, económicas o sociales; y verticalidad para aplicar la ley sin distinción. Los candidatos recientemente propuestos tienen ante sí la oportunidad de reforzar este compromiso y de contribuir a consolidar la confianza ciudadana en la justicia.
No obstante, este reto no corresponde únicamente a los futuros Magistrados. También recae sobre la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. Esta instancia tiene la obligación de evaluar a los nominados en estricto cumplimiento de la Constitución, privilegiando la idoneidad profesional, el conocimiento jurídico y la solvencia ética y moral de cada aspirante, por encima de pasiones, intereses o revanchas políticas. Convertir este proceso en un espectáculo sería una falta grave hacia la nación.
La justicia constituye el cimiento de toda democracia. Sin jueces probos no hay seguridad jurídica; sin seguridad jurídica no hay inversión; y sin inversión no hay empleo ni desarrollo. Panamá ha superado importantes desafíos internacionales en defensa de su reputación, pero para sostener estos avances es indispensable consolidar instituciones sólidas, transparentes y creíbles.
Hoy, más que nunca, Panamá necesita un sistema de administración de justicia oportuno, imparcial y eficaz. Magistrados valientes, una Asamblea Nacional responsable y una ciudadanía vigilante son las piezas claves para garantizarlo.
